Lo injustificable | Arturo Castillo Cabezas | Opinión

Lo injustificable | Arturo Castillo Cabezas | Opinión

Listo, ya pasó la última votación que como sabemos, en vista de la poca convocatoria que nos provocan nuestras venidas a menos instituciones políticas, han vuelto a ser obligatorias, tal vez como una adaptación del viejo refrán de que “la letra con sangre entra”, que tan bien ilustrara Goya.

Como todos sabemos, además de otras causales para excusarse gratuitamente de nuestra obligación cívica, está aquella para quienes se encuentren a más de 200 km de su lugar de votación, caso en el cual deben presentarse a acreditarlo ante Carabineros de Chile del lugar en que estén, obteniendo la constancia correspondiente, a cuyo efecto esa institución debe destinar un número no despreciable de su ya escaso personal, lo que seguramente obedece a que el SERVEL carece de la presencia física que sí tiene esta institución policial.

Lo injustificable -a juicio de este columnista- viene después, como herencia de una institucionalidad que se aviene con el carácter nacional que sigue fiel a su amor por el triplicado, el timbre de goma y hasta hace no tanto el papel sellado: Sucede que quienes no votaron serán citados al Juzgado de Policía Local de su circunscripción electoral, a efectos de que allí presente la constancia obtenida en Carabineros, lo que para dichos juzgados implica al menos lo siguiente:

  • Recibir, revisar e ingresar todas y cada una de las denuncias o como se llamen las de la nómina que Carabineros les envía.
  • Generar el expediente para cada ingreso, y la correspondiente notificación al afectado.
  • Enviar las notificaciones de citación a cada uno por carta certificada.
  • Atender a todos quienes concurran a la citación, recibir la constancia y anexarla al expediente, con el correspondiente atestado, para que se dicte la sentencia mecánicamente absolutoria, que deberá firmar el juez, para luego enviar la ruma de papeles al archivo propio, y en su momento al Archivo Judicial regional, que mucho más adelante los expedirá al Archivo Nacional.

Es de presumir que por una cuestión de igualdad ante la ley, todos y cada uno de quienes se acogieron a este procedimiento, deberán seguirlo, desencadenando la serie de efectos ya reseñados, cuyos números deberían ser -según datos proporcionados gentilmente por la Primera Comisaría de Punta Arenas, y para su caso- los siguientes más recientes: 2022 = 9.856; Mayo 2023 = 13.408 y este mes 6.553 electores.

Lo anterior implica, como más de alguna vez lo han hecho ver los propios jueces afectados, una recarga de trabajo colosal para el área judicial más desvalida de todo el país, ya que si bien administran justicia, dependen de los recursos que cada municipio les dispense, con el resultado de personal más o menos justo, escasa modernización en equipos e informática, y en general todavía trabajando “a carbón y leña”, para no decir nada de la gastadera que implica cada uno de los pasos reseñados más arriba, tanto en recursos humanos, como materiales y monetarios, y sin hablar de lo que significa en pérdida de tiempo en horario laboral, para todos quienes deben ir a hacer el trámite.

Si Carabineros de Chile opera como ministro de fe, se me ocurre preguntarme si no sería más racional, efectivo y económico, más aún si cada uno de los que llega con su constancia de excusa resulta automáticamente absuelto en el tribunal, lo que debería ocurrir es que Carabineros le envíe la nómina de personas que se excusaron al SERVEL, y allí se separe el padrón electoral entre quienes quedaron excluidos del votar por edad o fallecimiento, aquellos que vengan en la nómina de Carabineros, y todos los que sí votaron, y solo la diferencia de la que no se sabe que diablos pasó con ellos, sea informada a los tribunales correspondientes, con la eficiencia y eficacia que ello supondría. Tal vez desde mi ignorancia estoy siendo demasiado simplista o estoy omitiendo asuntos importantes que escapan a mi ya casi senil comprensión. De ser así, presento mis excusas de inmediato por este medio, ya que no creo sea necesario concurrir a alguna Comisaría.

Como corolario, está bien, cierta ex autoridad acuñó eso de que “dejemos que las instituciones funcionen”, pero si es para que funcionen así -y si estoy en lo cierto- yo no le haría mucho caso.