Crisis en la Universidad de Magallanes se traslada a tribunales | Trabajadores despedidos recurren de protección a la Corte de Apelaciones
Un grupo de 6 trabajadores y trabajadoras despedidos recientemente de la Universidad de Magallanes recurrieron de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, bajo el patrocinio del abogado Pablo Molina Makuc. Los trabajadores recurrentes que presentaron recursos de protección son Romina Piffaut Miranda, trabajadora social; Vitalia González Sánchez, periodista; Gerardo Salfate Aguirre, ingeniero civil mecánico; Mónica Muñoz Muñoz, jornal y auxiliar de aseo; Diego Santana Alarcón, técnico universitario en computación e informática y realizador audiovisual; y Pamela Saldivia Canobra, auxiliar de aseo.
La acción legal se funda, entre otros motivos en el hecho que “al no existir acto administrativo, y consecuentemente por no haberse fundado adecuadamente el acto impugnado, éste deviene en ilegal, arbitrario y vulneratorio de la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución”.
El acto impugnado de no renovación sólo pudo ser el resultado de un acto administrativo debidamente fundamentado, lo que no se da, debido a la inexistencia de todo tipo de comunicación formal o escrita en el que se dé cuenta de la decisión de no renovar la contrata.
La decisión de la autoridad universitaria, según señala el escrito “implica un trato discriminatorio en relación con otros funcionarios de la universidad, en situaciones equivalentes en lo relevante, es decir, con igual, mayor o menor tiempo en la institución e iguales calificaciones. Sin embargo, es de conocimiento de los funcionarios no renovados, que a cada uno de éstos les fueron comunicadas razones divergentes en cuanto a los motivos de su desvinculación, en circunstancias diversas, pero todas en el contexto de comunicaciones informales o en reuniones cuya naturaleza no fue comunicada a las partes y de las cuales no quedó constancia de su contenido”.
Los trabajadores afectados por el despido señalan que “toda vez que existen diversos empleados no académicos que fueron renovados fuera del plazo establecido en el artículo 10 de la ley 18.834 sobre estatuto administrativo, lo que da cuenta de la arbitrariedad de la autoridad respectiva. De este modo, la universidad en su actuar pareciera seleccionar arbitrariamente a un subconjunto del total de empleados públicos no académicos de quienes prescindir, mientras todos los demás miembros no son considerados siquiera en este supuesto proceso de reorganización por supuestas razones financieras”.
El recurso ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, del abogado patrocinante Molina Makuc argumenta que la decisión del rector José Maripani para no renovar algunos contratos, pudiera motivarse en el actual estado de crisis financiera que enfrenta la Universidad de Magallanes, de todas maneras y siempre existe la obligación de la administración universitaria de dar cuenta de los criterios seleccionados para la determinación del conjunto de empleados cuyos contratos no serán renovados.
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