FENPRUSS: Más allá del gasto, licencias médicas para una recuperación integral

Las licencias médicas se han instalado en el centro del debate en Chile. En 2024 se tramitaron 7,91 millones de reposos por enfermedad o accidente (un 2,1 % más que en 2023) otorgados a 2,55 millones de trabajadores (3,1 licencias por persona en promedio). Pese a que el gasto en Subsidio por Incapacidad Laboral cayó un 10,5 % respecto a 2022, el sistema destinó aún $2,86 billones de pesos en 2023, presionando crecientemente los presupuestos de Fonasa e Isapres.

Parte de este incremento refleja un alza real de la carga de enfermedad. Tras la pandemia, los trastornos de salud mental pasaron a representar el 33,1 % de las licencias, mientras que las afecciones osteomusculares (18%) y respiratorias (14%) siguen encabezando las causas de reposo. A ello se suman las consultas y cirugías postergadas durante el confinamiento, cuyos efectos tardíos impulsan un ausentismo adicional.

Al mismo tiempo, el fraude ha reforzado esta tensión: entre 2020 y 2022, dos médicos y su red de sociedades de papel emitieron más de 71 mil licencias falsas, de las cuales 52.557 fueron pagadas por Fonasa, generando pérdidas cercanas a los $28 millones de dólares. Las autoridades han respondido reforzando la fiscalización con mayores auditorías y sanciones, pero ese enfoque solo corrige casos aislados sin remediar las causas estructurales del ausentismo y el gasto en licencias médicas.

Para entender el origen de estos problemas, conviene revisar dos hitos técnicos: el Informe de la Comisión Presidencial de Salud (diciembre de 2010), que propuso crear un Seguro de Incapacidad Laboral independiente del financiamiento general de salud, financiado al 50% por empleadores y al 50% por trabajadores; y el Informe de la Comisión Asesora Presidencial (abril de 2014), que recomendó integrar ese seguro en un Plan de Seguridad Social de Salud con un Fondo Mancomunado Universal, aportes fiscales y administración tripartita.

Ambos informes coincidieron en que el financiamiento actual a los reposos laborales es insostenible en el tiempo, y que un Seguro de Incapacidad Laboral evitará presiones sobre el presupuesto corriente de Fonasa e Isapres, distribuyendo equitativamente el riesgo entre todos los afiliados. Esto mejora la predictibilidad del gasto y fortalece la solidaridad intergeneracional e intersectorial, al contar con un mecanismo que amortigua picos de siniestralidad sin desestabilizar otras partidas de salud. Pese al amplio consenso, ninguno de estos informes se transformó en proyectos de ley.

Además, los seguros de salud en Chile carecen de programas sólidos de rehabilitación laboral que faciliten un retorno seguro y sostenible. No existe un protocolo nacional que combine evaluación funcional, terapias físicas y psicosociales, ajustes ergonómicos o adaptaciones del puesto de trabajo. La ausencia de equipos multidisciplinarios y de una gestión activa de casos condena a muchos trabajadores a recibir únicamente un subsidio, sin apoyo para reanudar sus labores ni prevenir recaídas.

Si las políticas se limitan a castigar el fraude sin reformar el modelo de financiamiento ni exigir la implementación de programas integrales de rehabilitación y readaptación laboral, se omiten las causas fundamentales y el problema continuara profundizando en los próximos años.

En la Unión Europea, el informe “Sick pay and sickness benefit schemes in the European Union” plantea un periodo inicial de sick pay (pagado por el empleador entre 3 y 7 días) seguido de un sickness benefit público que cubre entre el 50 % y el 80 % del salario hasta 182 días, financiado por cotizaciones sociales y complementado con “follow-up benefits” (programas de rehabilitación, formación y reinserción) a cargo de equipos multidisciplinarios. En Brasil, el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) cubre desde el día 16 de la licencia el pago de un auxílio-doença calculado sobre las contribuciones previas y ofrece el Programa de Rehabilitación Profesional (ORP), que brinda cursos vocacionales, adaptación del puesto y seguimiento ocupacional, logrando tasas de reinserción cercanas al 49 % entre quienes participan.

Para resolver de manera definitiva el desafío del ausentismo por licencias médicas, Chile debe abandonar la lógica puramente económica y adoptar un enfoque sanitario integral: legislar un financiamiento solidario y sostenible, como propusieron las comisiones de 2010 y 2014; desarrollar protocolos nacionales de rehabilitación laboral; y acompañar al trabajador en cada etapa de su reposo y regreso al empleo.

Invertir en rehabilitación temprana y en un esquema de financiamiento equilibrado acorta las duraciones de los reposos al acelerar la recuperación y prevenir recaídas. Distribuir equitativamente los costos incentiva una gestión de casos más eficiente y minimizan las licencias innecesarias; y contar con protocolos estructurados optimiza el uso de recursos clínicos y administrativos, reduciendo los costos asociados a subsidios prolongados y mejorando la sostenibilidad del sistema.