¿Será necesario crear una Policía Antidroga en Chile? | Manuel Luis Rodríguez | Opinión
Los recientes episodios de narcotráfico detectados al interior de algunas unidades militares y la creciente percepción ciudadana que el narcotráfico y el crimen organizado asociados, han alcanzado un nivel inusitado de extensión, hacen indispensables medidas drásticas de carácter institucional para enfrentar una amenaza a la seguridad que está corrompiendo el país.
El narcotráfico en Chile, que tiene una historia sombría desde los años ochenta del siglo pasado, ha llegado a constituirse en un flagelo delictivo extendido con una amplia penetración en la sociedad, no obstante la ingente labor preventiva y de combate que han logrado las actuales instituciones policiales. Incluso una “cultura narco” aparece incipiente en barrios y poblaciones.
El problema abarca todos los estratos sociales, y los mas diversos territorios del país. Fue en un principio un problema de seguridad ciudadana, pero ahora parece haber alcanzado el carácter de un problema de seguridad nacional.
Se hace indispensable avanzar hacia una policía especializada antidroga. Es decir, un cuerpo policial altamente entrenado y profesional, estrechamente vinculado a una fiscalía especializada, y que esté dotada de recursos tecnológicos avanzados, terrestres, aéreos, marítimos y digitales, así como con atribuciones y facultades para intervenir en los territorios y combatir directamente las bandas del narcotráfico, persiguiendo desde la casi invisible ruta del dinero narco hasta sus ramificaciones y vínculos con el crimen organizado en cada territorio.
El narcotráfico y el crimen organizado se han extendido por causas sociales, económicas y culturales diversas y complejas: la pobreza y la inequidad económica pueden ser una causa, pero no una justificación, ya que el narco ha avanzado también desde los sectores sociales más privilegiados. La migración es una parte de la explicación, pero las bandas extranjeras llegaron donde había terreno fértil creado por bandas nacionales.
Una policía antidroga, sujeta a la fiscalización periódica de la Contraloría, sometida a la jurisdicción del Ministerio de Seguridad Pública, que se relacione directamente con las Fiscalías y tenga la capacidad operativa y de intervención suficiente mediante el uso de la fuerza proporcional a la amenaza que representan las bandas del narcotráfico enquistadas en los territorios.
La experiencia internacional ha demostrado que hacer intervenir a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, no produce los resultados esperados, no reduce el flujo de droga en las fronteras y territorios y pone en riesgo a las instituciones, frente a la capacidad de penetración y corrupción de la que son capaces las bandas y redes del crimen organizado.
Punta Arenas, julio 12 de 2025.
Manuel Luis Rodríguez U.
