Un Estado que Protege: el sello de este gobierno en la historia de los derechos de las mujeres | Carolina Guzmán Navarro | Opinión

En junio del año 2024, Chile dio un paso histórico al promulgar la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (N.º 21.675). Por primera vez, el Estado reconoció que la violencia de género es una violación a los derechos humanos y que enfrentarlo exige una respuesta integral: protección judicial efectiva, sanción de la violencia digital, reparación psicológica y social gratuita, visibilización de la violencia gineco-obstétrica y un sistema integrado de información para evitar la revictimización.
El país celebró lo que parecía un avance irrenunciable. Sin embargo y lo que preocupa a muchas mujeres es: ¿qué pasará con esta conquista si Chile se deslizara hacia un gobierno de extrema derecha?
Basta mirar la experiencia latinoamericana y mundial para entenderlo: cuando el negacionismo de género se instala en el poder político, las leyes quedan vacías, los presupuestos se recortan y los programas se diluyen bajo discursos de austeridad o “defensa de la familia tradicional”. El riesgo no es solo retórico: es real, material, cotidiano. Y en una región como Magallanes, que hoy lidera las cifras nacionales de explotación sexual infantil con más de 113 víctimas en un solo año y una tasa de 294,4 casos por cada 100 mil habitantes, este costo sería devastador.
El nuevo marco legal exige recursos, formación especializada, coordinación interinstitucional y voluntad política. Ninguno de estos factores es neutro: todos dependen de gobiernos comprometidos con la igualdad y la protección de los derechos humanos. Una conducción política de extrema derecha difícilmente pondría su prioridad en fortalecer la educación no sexista, sancionar la violencia política contra las mujeres o reconocer prácticas gineco-obstétricas abusivas como agravantes. Más bien, intentaría retroceder hacia un discurso de orden, familia y silencio.
La explotación sexual infantil en Punta Arenas —donde la Fiscalía, la PDI y organismos sociales han debido organizar operativos nocturnos para frenar este flagelo— nos recuerda que detrás de cada estadística hay niñas y niños cuyo futuro se apaga entre la indiferencia y la violencia. ¿Puede alguien creer que un gobierno que relativiza los derechos de las mujeres será capaz de enfrentar con seriedad estas violencias extremas?
La campaña “Una Ley en Nombre de Todas”, encabezada por la ministra Antonia Orellana junto a más de 50 mujeres líderes, buscó precisamente instalar un mensaje claro: esta no es una ley feminista para un grupo, es una ley de derechos humanos para todas. Pero una eventual administración de ultraderecha puede convertirla en letra muerta. Porque las leyes no se implementan solas: necesitan convicción, presupuesto y un Estado dispuesto a incomodar al machismo estructural.

Magallanes es hoy el espejo más crudo: explotación sexual infantil, violencia intrafamiliar, niñas y adolescentes forzadas a levantar la voz estampando sus manos en un lienzo que, en mayo recién pasado, clamó “NO a la explotación”. En este contexto, un gobierno que relativice la violencia de género significaría volver a la invisibilidad, retroceder décadas de lucha y dejar a las víctimas otra vez a la intemperie.
La Ley 21.675 y su futuro depende de que la ciudadanía entienda que no basta con que exista en el Diario Oficial: necesitamos defenderla de quienes, desde la comodidad del poder, preferirían sepultar su espíritu.
En tiempos de amenazas autoritarias, la pregunta no es si la ley puede sobrevivir: la pregunta es si la sociedad chilena permitirá que sus hijas crezcan sin la protección que tanto costó conquistar.