Desbaratan organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en Magallanes: cinco imputados quedaron en prisión preventiva
Más de 56 mil cajetillas de cigarrillos, vehículos, dinero en efectivo, armas, drogas y combustible fueron incautados tras una investigación de diez meses liderada por la Fiscalía y la PDI. La organización operaba ingresando mercancía desde Argentina por pasos no habilitados para distribuirla en Punta Arenas.
Un duro golpe al crimen organizado concretaron la Fiscalía Regional de Magallanes y la Policía de Investigaciones (PDI), luego de desbaratar una organización criminal dedicada al contrabando reiterado de cigarrillos, lavado de activos y asociación criminal, cuyos integrantes operaban ingresando mercancía ilícita desde la provincia argentina de Tierra del Fuego hacia Punta Arenas.
La investigación, desarrollada durante poco más de diez meses por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI en coordinación con el Ministerio Público, permitió la detención de cinco ciudadanos chilenos, varios de ellos capturados a bordo de un ferry mientras cruzaban el Estrecho de Magallanes transportando la carga ilegal.
El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, destacó el trabajo conjunto entre la PDI, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía Marítima.
«Este es un nuevo procedimiento exitoso donde la labor interagencial da los resultados que la comunidad espera», afirmó.
Según explicó, los imputados fueron formalizados por los delitos de contrabando aduanero reiterado, lavado de activos y asociación criminal, precisando que la organización utilizaba pasos no habilitados para ingresar cigarrillos desde Argentina y posteriormente trasladarlos a Punta Arenas para su comercialización.
Millonarias incautaciones
Durante el operativo fueron incautadas 56.508 cajetillas de cigarrillos, cuyo avalúo, sumado a procedimientos anteriores vinculados a la misma investigación, supera los 500 millones de pesos.
Además, la policía decomisó más de cinco vehículos, dinero en efectivo en pesos chilenos, dólares y euros, armas, drogas, combustible y otras especies de interés criminalístico. Solo el dinero incautado alcanza una cifra cercana a 20 millones de pesos.
Crisosto enfatizó que el principal objetivo de estas investigaciones no solo es sacar de circulación mercancía ilegal, sino afectar la estructura financiera de las organizaciones criminales.
«Nos importa mucho poder incautar los cigarrillos, pero mucho más destrabar la cadena logística del crimen organizado. Si uno les quita el dinero, vamos disminuyendo su capacidad para seguir operando», sostuvo.
Investigación de largo aliento
El Prefecto Pablo Merino, jefe regional de la PDI subrogante explicó que la investigación comenzó hace más de diez meses y contempló diversas diligencias investigativas, entre ellas interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente desde diciembre de 2025.
Gracias a ese trabajo fue posible identificar el funcionamiento de la organización y detectar uno de los traslados de cigarrillos, lo que permitió realizar una fiscalización junto a la Policía Marítima y concretar las primeras detenciones.
Posteriormente, las diligencias derivaron en nuevos allanamientos y arrestos, completando un total de cinco imputados.
Indagan lavado de activos
Durante la formalización también se expusieron antecedentes relacionados con presuntas maniobras de lavado de dinero.
La fiscal Johanna Irribarra indicó que parte de la investigación apunta a la adquisición de vehículos cuyo valor no se condice con el patrimonio declarado por algunos de los imputados.
Asimismo, existen antecedentes que vincularían a integrantes de la organización con importantes apuestas realizadas en el casino de Punta Arenas, antecedentes que continúan siendo investigados por el Ministerio Público.
Prisión preventiva
Tras la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los cinco imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, existe riesgo para el éxito de la investigación y peligro de fuga.
El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de los imputados, estableciendo además una caución únicamente en el contexto de un eventual peligro de fuga, medida que solo podría operar bajo las condiciones fijadas por la justicia.
Con este procedimiento, las autoridades destacaron un nuevo golpe a las redes de contrabando que operan en la Región de Magallanes, apuntando no solo a la incautación de mercancía ilegal, sino también al desmantelamiento de la estructura financiera que sostiene este tipo de organizaciones criminales.
