Gobernador de la Provincia de Cabo de Hornos valora aprobación de proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas

El seremi de Medio Ambiente, Eduardo Schiappacasse, el director regional de Conaf, Mauricio Véjar, y el gobernador de la Provincia Antártica Chilena, Nelson Cárcamo, se mostraron contentos con este importante paso para crear un servicio público unificado que conserve la biodiversidad en áreas terrestres y marinas del país.

Diversas autoridades de Magallanes y la Antártica Chilena demostraron su satisfacción luego que el Senado aprobara el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), y que pasará a la Cámara de Diputados para su discusión.

En específico, el principal objetivo de este servicio público independiente, y bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, será impulsar la conservación de la biodiversidad en el país. Dentro de sus labores, estará gestionar áreas protegidas y patrimonios naturales, implementar planes de conservación para especies en extinción y controlar especies exóticas invasoras.

El seremi de Medio Ambiente, Eduardo Schiappacasse, destaca este importante paso legislativo, especialmente para la región austral, ya que más de la mitad de su territorio (56,7 por ciento) está protegido. “Este proyecto de ley es muy importante para el Ministerio del Medio Ambiente, porque dice relación con el manejo de las áreas protegidas y la biodiversidad, algo que para nosotros como ministerio es una de las tareas que nos ha puesto el Presidente (Sebastián) Piñera”, comenta la autoridad regional.

Un servicio unificado de áreas protegidas

Actualmente, tanto las áreas de protección terrestres como marinas están dispersas bajo el alero de cinco ministerios. El Ministerio de Agricultura, a través de Conaf, administra las áreas del Snaspe (Parque Nacional, Reserva Nacional y Monumento Natural); el Ministerio de Economía, a través de Sernapesca, administra los Parques y Reservas Marinas; el Ministerio de las Culturas, a través del Consejo de Monumentos Nacionales, tiene la tuición de los Santuarios de la Naturaleza; el Ministerio de Bienes Nacionales, administra los Bienes Nacionales Protegidos, y el Ministerio del Medio Ambiente, administra las áreas marinas costero-protegidas de múltiples usos y custodia los Santuarios de la Naturaleza.

De llegar a concretarse finalmente este proyecto de ley, el Sbap tendrá a su cargo la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde se unificarán todas las categorizaciones anteriormente descritas en un solo servicio del Estado. Por ejemplo, en el caso de la Provincia Antártica Chilena, existen tres parques nacionales –Alberto de Agostini, Yendegaia y Cabo de Hornos-, y un parque marino –Islas Diego Ramírez y Paso Drake-. Y si bien el Circuito Dientes de Navarino es el que más concurrencia de visitantes tiene, especialmente en temporada estival, al ser parte de la red de senderos Rutas Patrimoniales (administrada por Bienes Nacionales), no pasaría a tener carácter de protección.

Todas estas categorías convierten a la provincia en una zona inigualable a nivel nacional e incluso internacional, considerando que es parte de la Reserva Mundial de la Biosfera Cabo de Hornos. El gobernador de la Provincia Antártica Chilena, Nelson Cárcamo, destaca que un organismo como el Sbap, provocará que se asegure la continuidad y sustentabilidad en los mencionados parques. “También va a permitir generar recursos para tener la posibilidad de fiscalizar, cuidar y proteger estas áreas que son realmente de cuidado, y que están dentro de la biodiversidad”.

Justamente, a través de este servicio se inyectarán más recursos para la conservación del patrimonio natural del país. De 15 mil millones de pesos actuales, aumentará a 38 mil millones de pesos. Un dato importante a tener en cuenta, ya que actualmente Chile es uno de los países que menos recursos invierte en cuidar sus áreas protegidas, con menos de 2 dólares por hectárea.

Transición de Conaf a Sbap

Otro punto importante a destacar es que todas las áreas protegidas de Conaf pasarán a formar parte del Sbap, incluyendo sus recursos financieros y de personal, como los guardaparques. De esta manera, al encontrarse bajo el alero del Ministerio del Medio Ambiente, estará totalmente enfocado en la conservación y no en el fomento productivo, como sucede en el día de hoy al estar bajo la tuición del Minagri.

Ante ello, el director regional de Conaf Magallanes, Mauricio Véjar, subrayó que el organismo aportará con los más de 40 años de historia de administración en parques y reservas nacionales. “Toda la experiencia va a ser traspasada al nuevo servicio, pero tampoco va a ser de forma inmediata, sino que va a haber un período de transición (…) luego de que este proyecto quede firme, ya publicado en el Diario Oficial como tal, van a pasar dos o tres años de un período de transición para hacer un traspaso ordenado y de la mejor forma posible”, explicó Véjar.

Asimismo, la autoridad regional destacó a la Provincia Antártica Chilena por poseer una diversidad de áreas que estarán bajo la protección unificada del Sbap, especialmente por las tres zonas que administra hoy Conaf. “Es un potencial enorme que tienen para poder desarrollar de buena forma estos parques nacionales. Espero que el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas considere el desarrollo de conservación y turístico de los parques. Nosotros como corporación vamos a trabajar hasta el final mientras tengamos la administración de los parques, para poder avanzar en dichas materias”, mencionó.

Cabe recordar que en 2011, durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se despachó el proyecto de ley para crear el Sbap, el cual no prosperó. En junio de 2014, el Ejecutivo ingresó un segundo proyecto de ley para la creación de este organismo, siendo aprobado por las comisiones de Medio Ambiente y Hacienda del Senado, e informado favorablemente por la Comisión de Trabajo. De esta manera, la creación del Sbap ha sido un compromiso transversal, presente en los tres últimos programas de Gobierno, completando ocho años de tramitación legislativa.