Acuerdo para superar la crisis y enmendar errores – Víctor Maldonado – Opiniones

“Propuestas bases del PDC para enfrentar la crisis económica y humanitaria derivada de la Pandemia Covid 19 e iniciar el debate hacia un Pacto Económico Social”

Este es el texto íntegro del documento presentado por la Mesa Nacional del PDC y aprobado por el Consejo Nacional (30/05/2020).
En el contexto de los desafíos que impone la grave situación sanitaria y social queremos convocar a los chilenos y chilenas, organizaciones sociales, gremiales y sindicales y a los Partidos Políticos a concordar propuestas generales y específicas que permitan tener un acuerdo sobre las medidas económico-sociales para mitigar los efectos de la crisis sanitaria derivada de la Pandemia Covid 19 a presentar al Gobierno y a las instituciones del Estado, y un marco para alcanzar un pacto Económico – Social.
Ante un gobierno que ha elevado el carácter de la pandemia, convirtiéndola hoy en una crisis humanitaria a partir de una estrategia y accionar basado en la especulación, medidas tibias y progresivas, una lógica de ensayo y error y el menosprecio de diversas señales de alerta y sugerencias aportadas por expertos y actores políticos (incluyendo a nuestra dirigencia en múltiples instancias y documentos), la colaboración transversal, sin miramientos, convocante y plural, es la única salida. Dicha colaboración es un mínimo ético-político y una respuesta que cobra aún mayor relevancia.
El imperativo hoy es salvar vidas y liderar un esfuerzo transversal y nacional que ayude a revertir los efectos de una conducción gubernamental que opera a ciegas, desconoce la realidad del país y genera estrategias y políticas públicas en total desconexión con el sufrimiento y orfandad de millones de compatriotas.
Hablamos de las familias que intentan acatar la cuarentena sin apoyo ni contención suficiente y oportuna del Estado, de los trabajadores/as de la salud que no tienen descanso ni insumos, de las empresas que siguen aguantando el sueldo de sus trabajadores/as, a pesar de no tener ingresos, de los Alcaldes/as y Concejales/as de la primera línea, a ellos no los abandonaremos.
Sus demandas son urgentes y a la vez estructurales. Y han puesto al desnudo el precario rol que el gobierno y el Estado como un todo están jugando en este momento histórico.
Debe ser una opción política incluir y aplicar la perspectiva de género en esta crisis y así reconocer a las mujeres como parte del motor social y económico del país, evitando que la mayor vulneración transversal recaiga nuevamente sobre los hombros de éstas, ya no podemos seguir diagnosticando la pobreza con rostro de mujer, reconociendo las brechas existentes, la gran responsabilidad que tienen en el cuidado de las personas, en la baja calificación educacional, en sus lagunas previsionales, en la informalidad laboral, en el aumento de la violencia y con escasa justicia efectiva.
La acción política y las políticas públicas no son inocuas, por lo tanto se debe explicitar en todas las esferas del estado y de esta emergencia la incorporación de la perspectiva de género y propender a la paridad en todas las instancias que se creen y así de una vez reconocer los derechos humanos para todos y todas.
En este contexto, valoramos que el Gobierno finalmente haya mostrado disposición a recoger el llamado que hace semanas venimos haciendo diversos sectores de la oposición y sociedad civil respecto a convocar a un acuerdo amplio para enfrentar la pandemia, actuar frente a la crisis económica y social en desarrollo, y lograr un entendimiento para la elaboración del presupuesto 2021.
Sin embargo, si la agenda del Gobierno en el corto y mediano plazo no permite disminuir una serie de brechas y falencias profundas y urgentes, como una estrategia sanitaria desconectada de la evidencia y la realidad y que margina a los municipios y la red de Atención Primaria; una ley de “protección del empleo” insuficiente, que recurre a los fondos de los propios trabajadores/as y que deja a muchos en la incertidumbre de si les alcanzarán los recursos para el mes siguiente; una indiferencia ante la escalada de precios de insumos médicos, bienes y servicios básicos en un contexto de estado de emergencia declarado; hasta la escasa efectividad y alcance de los créditos Fogape para las mipymes y pymes y la ausencia de una estrategia para reactivación económica post pandemia; entonces su llamado no será creíble.
Por tanto, entendemos que desde la Democracia Cristiana y la oposición debemos traer a la mesa del acuerdo, políticas, leyes y acciones concretas que actúen en lo inmediato y sienten las bases del Chile post Covid.
Por ello, proponemos.

A.- En relación a la crisis sanitaria, económica y humanitaria derivada del Covid 19:

1. La creación de una nueva gobernanza de la pandemia y sus consecuencias a través de un comité de crisis permanente multi-actores políticos, sociales y científicos con una estrategia de Estado.

2. Una mayor transparencia en la entrega de datos, con diferenciación de género y oportuna difusión a la ciudadanía tanto respecto de la epidemia, (como de sus efectos sobre la economía y la calidad de vida) para evitar cuadros de falsa normalidad, un aumento exponencial de los contagios y un progresivo colapso de nuestro sistema sanitario.

3. Para el cumplimiento de la cuarentena es necesario reforzar el control y fiscalización de las medidas Sanitarias por las fuerzas de orden y seguridad, sin desproteger la labor esencial de éstas, que es prevenir y perseguir a la delincuencia que día a día va en aumento en Chile. Las poblaciones sufren una triple Pandemia: la del Covid, la de la cesantía y la de la Narcodelincuencia.

4. Reorientar la estrategia a una que recupere la trazabilidad mediante testeo masivo y seguimiento de casos activos para garantizar su confinamiento, especialmente en residencias sanitarias, para ello debe establecerse una alianza estratégica con la atención primaria de salud y los municipios.

5. Poner en práctica las recomendaciones contenidas en las propuestas realizadas por un equipo de destacados economistas convocados por el Colegio Médico, por un conjunto de académicos universitarios convocados por los rectores de las Universidades de Chile y Católica, y por el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, que coinciden en plantear que es posible incrementar el gasto fiscal para abordar adecuadamente la crisis sanitaria y sus consecuencias en la economía, haciendo uso de recursos disponibles en el Fondo de Estabilización Económico y Social, o incrementando de manera moderada la deuda pública, aprovechando los bajos intereses hoy día disponibles. En particular, aquellas relacionadas con incrementar el monto, la cobertura y la duración del Ingreso Familiar de Emergencia, para posibilitar el cumplimiento efectivo de la cuarentena que solicitamos.

En específico, consideramos necesario:
Para las familias que se encuentran desempleadas, sin acceso al seguro de cesantía, o con sus actividades laborales suspendidas por la cuarentena, el incremento del IFE a $ 300 mil al mes, más 50 mil pesos por hijo/a que exceda los dos. Este monto debería ser fijo por los meses en que las cuarentenas se mantengan. Además, se debe aumentar la cobertura hasta el 80% de hogares de menores ingresos para incorporar así a los sectores medios. La transferencia debe hacerse preferentemente a la madre de los hijos/as y utilizando mecanismos identificatorios del Registro Social de Hogares y la Cuenta Rut.

Al mismo tiempo la cuenta RUT debe posibilitar la realización del número de retiros necesarios para el uso de estos recursos y no debe cobrar comisiones durante la vigencia del estado de catástrofe. Dichos montos deben ser inembargables y no pueden descontarse para ninguna deuda de cualquier naturaleza con entidades públicas y privadas.

b. Aumentar la tasa de reemplazo del seguro de desempleo a una tasa fija del 70% y que se establezca el derecho al cobro del SUF y de la Asignación Familiar y que estos se incrementen a 50 mil pesos por carga. Incorporando a las empleadas de casas particulares.

c. Viabilizar un retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales con un tope entre 1 y 2 millones de pesos según el monto de ahorros en sus cuentas de capitalización individual. La devolución de dichos fondos para no afectar las futuras pensiones se diferenciará en función del monto de los ahorros y del retiro efectuado, de tal manera que según los topes que se definan una parte serán repuestos por el Estado, mediante un bono de reconocimiento, y la otra a través de un incremento del 1% de las cotizaciones hasta enterar la reposición o hasta la fecha de jubilación, aun cuando se modifique el sistema actual.

d. La expedita utilización de la facultad de fijar precios y aranceles, de acuerdo a la Ley No. 16.282, como ya ha ocurrido con el examen COVID, particularmente en relación a los precios de los medicamentos, elementos de protección personal, insumos y los alimentos de mayor demanda.

e. Ampliar hasta los sectores medios y a todas las familias afectadas por el desempleo los subsidios al agua potable y la energía, así como aprobar los proyectos de ley que eliminan la tarifa eléctrica de invierno y el que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos.

f. Condonar pago de contribuciones a locatarios, deudas municipales por retiro de basura domiciliaria y postergar el cobro de patentes sin cobro de intereses mientras dure estado de emergencia.

g. Dejar sin efecto el re-avalúo de los predios agrícolas.

h. Establecer un subsidio para el pago de arriendos de viviendas y locales comerciales en las comunas en cuarentena, estableciendo los topes necesarios.

i. Establecer un subsidio a la micro y pequeña empresa, que opere independientemente y de manera adicional a las garantías de FOGAPE, FOGAIN y CRECE, que le permita financiar sus costos fijos durante el período de la pandemia, de manera de no continuar con la destrucción del tejido productivo que ya se está produciendo, incorporando criterios de género. Particularmente el Estado debería apoyar directamente y en forma masiva a las Mipyme a través de Sercotec y Corfo. Se deben diseñar instrumentos ad hoc a diversas actividades económicas a las que no le llegan las medidas tradicionales como los pescadores artesanales, taxistas, colectiveros, transportistas escolares, etc. Sin perjuicio de lo anterior, la CMF deberá disponer una supervisión permanente a la banca e instituciones financieras a objeto de que cumplan con el objetivo de los créditos con aval del Estado en forma rápida y simple.

j. En el caso de ser necesario un apoyo fiscal a grandes empresas o empresas estratégicas, ello se hará a cambio de una participación accionaria del fisco, valorando dicho aporte al precio de mercado vigente al momento de concretar el rescate.

k. Revertir, en lo que corresponde a iniciativas de inversión y transferencias de capital, la reasignación presupuestaria definida en los meses de marzo y abril, ya que lo que el país necesita es mayor inversión y mayor empleo, y dichas disminuciones afectan justamente estos objetivos y el crecimiento del país.

l. Incrementar el aporte fiscal a los municipios, al menos en el monto que han visto disminuidos sus ingresos con motivo de las postergaciones de pagos de contribuciones, permisos y licencias, y en el de los recursos que han debido destinar a atender la pandemia ante la ausencia de acciones oportunas desde el nivel central del gobierno.

m. Establecer guarderías infantiles para trabajadores y trabajadoras de la salud mientras dure la pandemia.

n. Establecer prestaciones económicas a sobrevivientes de trabajadores de establecimientos de salud fallecidos.

o. Establecer medidas concretas para enfrentar el desempleo femenino al momento de diseñar los programas de empleos de emergencia.

6. Convenir un presupuesto 2021 de un carácter netamente expansivo con el objeto de impulsar la reactivación, y sus definiciones fundamentales deben ser parte del acuerdo que se alcance.

La crisis generada por la pandemia ha implicado una fuerte caída de los ingresos de las personas y las empresas, por tanto, solo la movilización de recursos públicos podrá impulsar la demanda. Para dicho efecto se debe considerar la aplicación de un impuesto patrimonial por única vez que grave a las grandes fortunas, tal como lo hizo el Presidente Eduardo Frei Montalva después del terremoto del año 1965.

7. Redefinir la regla fiscal para la próxima década, garantizando los recursos necesarios para financiar las urgentes reformas sociales, asegurando un marco fiscal viable y sostenible.

8. Incluir la dimensión de género en las políticas que se desarrollen para enfrentar la pandemia y sus efectos. Para ello es imprescindible levantar información precisa sobre el impacto diferenciado por género de la actual crisis. En lo inmediato se debe exigir el patrocinio y la discusión del Post Natal de Emergencia.

9. Implementar programas especiales de apoyo directo a las familias en materias de VIF, acompañamiento y contención psicológica y emocional.

10. Asegurar el pleno respeto de los derechos humanos, especialmente de migrantes y privados de libertad, los que se ven severamente amenazados en el marco de la pandemia.

11. Considerar programas especiales de apoyo en inversión en territorios que además de la pandemia del Covid sufren hace más de una década la peor sequía de nuestra historia conocida.

12. Suspender los procesos consulta a la ciudadanía respecto de normativas o proyectos de inversión hasta que el país recupere las condiciones para hacer viables y efectivas dichas instancias de participación.

La Democracia Cristiana no abandonará a ninguna familia que esté sufriendo por esta crisis, y enfatizamos el llamado al Presidente de la República a abordar esta crisis con un mínimo de sentido ético, urgente, de Estado, que aborde la crisis actual con nuevas estrategias y liderazgos conectados con la dramática realidad que viven millones de chilenas y chilenos. En esa línea reiteramos nuestra voluntad y compromiso político para atender en forma inmediata los desafíos y brechas ya señalados.
Reafirmando nuestro profundo sentido comunitario y compromiso solidario, hacemos un llamado a toda nuestra estructura territorial y a nuestra militancia a fortalecer y multiplicar todas las acciones que se están realizando con la comunidad para ir en compañía y ayuda a tantas familias agobiadas por la soledad y/o la falta de ingresos.

B.- En relación a las bases para un Pacto Económico Social:

Un Pacto Económico y Social estructural, de más largo aliento, como el que venimos planteando desde 2018 y que deberá considerar los cambios estructurales que el país demanda, en especial desde el 18 de octubre, para ello plateamos los siguientes pilares:

1.- La necesidad de sustituir los actuales sistemas de pensiones y salud por un sistema integral de protección social, basado en los principios de seguridad social y solidaridad.

2.- Corregir el modelo económico hacia uno con menos concentración económica y que se centre en el impulso al sector productivo real en lugar de los movimientos financieros, asegure la sostenibilidad social y ambiental y que promueva el crecimiento de la pequeña empresa, especialmente aquellas que aporten innovación, inclusión social y modelos de economía circular, mediante la creación de Bancos regionales de fomento; y ampliar las bases de participación social mediante la descentralización y la equidad de género en las instancias representativas.

3.-Ratificar el itinerario constitucional y electoral vigente. El país no puede agregar a los efectos de la pandemia la incertidumbre respecto del ejercicio de sus derechos. El itinerario constitucional y electoral, incluidas las elecciones de Convencionales y Gobernadores Regionales debe respaldarse explícitamente para dar certeza a la ciudadanía que sus derechos no serán alterados. En dicha instancia definiremos el nuevo Pacto Político Institucional, actualizando y renovando nuestras instituciones y nuestro catálogo de derechos y garantías constitucionales, fortaleciendo nuestra democracia, a través de la participación ciudadana, descentralizando el poder político y redefiniendo el rol del Estado. Asimismo, debemos reconocer los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos originarios y establecer un nuevo estatuto jurídico del agua (bien nacional de uso público) y nuestros minerales.

4.- Impulsar una revolución metodológica y curricular a nuestro sistema educacional, basada en el fomento a la innovación, la creatividad, el juicio crítico, el espíritu cívico y democrático, la capacidad interpretativa, etc., a objeto de preparar a nuestros niños/as y jóvenes para la realidad que impone una sociedad donde los ciudadanos deben estar más empoderados y corresponsables en el marco de una nueva era tecnológica de robótica e inteligencia artificial.

5.- Promover el fortalecimiento de la sociedad civil, organizaciones sociales y sindicales, así como la participación ciudadana como forma distribuir poder hacia la comunidad organizada, fortaleciendo la democracia y el capital social.

6.- Asegurar el acceso a la vivienda digna y la justicia territorial y el desarrollo a escala humana de ciudades y barrios, con seguridad, servicios, áreas verdes y equipamiento comunitario. Del mismo modo, garantizar la conectividad y el agua potable en todos nuestros sectores rurales.

Un momento para tomar riesgos

Fuad Chahin aborda el diálogo producido entre gobierno y oposición para lograr un acuerdo para la reactivación económica y protección social.

Fuad Chahin, presidente DC
Diagnóstico de la primera reunión con el gobierno: “Al menos en las palabras estamos totalmente de acuerdo en que aquí tenemos que actuar con sentido de urgencia y que el país requiere respuestas más contundentes. Esa buena disposición y el sentido de urgencia nos hacen pensar que es posible que en estas dos semanas de plazo que nos fijamos podamos tener un buen paquete de medidas que realmente sean una respuesta adecuada”.
Aspectos clave de un consenso en opinión de la DC: “Aumentar la potencia y cobertura de la Renta Básica de Emergencia, que se respalde el congelamiento de las tarifas de los servicios básicos por ley, y que se eviten los cortes de estos servicios. También apoyo directo a las pymes; mejorar la Ley de Protección del Empleo y que no sea decreciente lo que reciben del seguro de cesantía; aumentar presupuestos de municipios; y ver la opción de un retiro limitado y por única vez de los ahorros de AFP”.
“Estamos obligados a llegar a un acuerdo. Sinceramente, creo que no hay otra opción y que el Gobierno también está obligado a concordar un paquete de medidas que permitan enfrentar lo que hoy es una crisis humanitaria. Eso nos obliga a ponernos de acuerdo. Chile Vamos no entregó una propuesta en la reunión, y desconozco cuáles son sus propuestas. Espero que ellos respalden la necesidad de fortalecer las medidas de apoyo social. Hay parlamentarios de Chile Vamos que han participado de la mesa pro pyme y en las medidas en esa área tenemos un nivel de coincidencia bastante importante, al menos con RN”.
“El Gobierno, cuando pensó que podía salir triunfador de esto, no quiso escuchar a nadie. Hace dos semanas le entregamos una carta al Presidente pidiéndole que se dejara ayudar, es importante tener una estrategia de Estado. Hoy, que las cifras son desastrosas, el Gobierno ha reaccionado. Yo salí con más esperanzas de esta reunión con los ministros que de la reunión con el Presidente después del estallido social. Hay legítimas dudas para tener desconfianza, pero sinceramente, cuando hay miles de trabajadores que arriesgan la vida para salvar la de otros, lo mínimo que podemos hacer los dirigentes políticos es arriesgar nuestro capital político e intentar un acuerdo”.
“Lo que ha quedado claro es que nuestro pueblo tiene pies de barro y que a la primera crisis importante se derrumban varios paradigmas que teníamos, pero este no es el momento, por el sentido de urgencia, de abordarlo. Si nos va bien en esto debiéramos mirarlo como una primera etapa y que una metodología similar nos permita seguir conversando lo de fondo”.
“Tenemos que poner la mirada en la coyuntura, pero no perder la perspectiva, que nos muestra la desigualdad, la concentración de la riqueza y una tremenda crisis de confianza en las instituciones. Para enfrentar esos desafíos necesitamos mínimos comunes, y si nos va bien en este esfuerzo de la coyuntura, de un acuerdo para la pandemia, tenemos la obligación de volver a sentarnos a tratar de ponernos de acuerdo para los temas de fondo, sin perjuicio del proceso constituyente”.