Los cambios no tienen camino de retorno – Víctor Maldonado R. – Opiniones
Un proyecto de ley que ponía límite a la reelección de diputados y senadores terminó, también, limitando la reelección de alcaldes y concejales. La diferencia estribaba en que mientras los parlamentarios estaban definiendo su destino con mucho tiempo de anticipación, no ocurría igual con las autoridades municipales.
Se trataba de una doble prohibición: muchos alcaldes y concejales ya no pueden presentarse en las elecciones locales, tampoco pueden, tranquilamente, postular al Parlamento, puesto que para eso deben renunciar ahora en noviembre, en el transcurso de la pandemia. La idea de abandonar un lugar de primera línea territorial en una crisis sanitaria no es la mejor manera para resultar electos en otro puesto. Habrá tiempo después para descifrar cómo es que se produjo este giro de última hora en un proyecto largamente discutido; los acontecimientos nos enseñarán más sobre el funcionamiento del legislativo que muchos libros.
El caso es que se votó a favor de limitar reelecciones, a sabiendas que los ediles ya carecían de tiempo para adaptarse a unas nuevas circunstancias. La decisión se tomó para evitar que la discusión se eternizara o quedara obstruida en el camino, pero una cosa es aprobar una ley con “daño colateral” y otra bien distinta es enmendar el error una vez que se ha votado.
Existían dos formas de proceder: se podía eliminar, por esta vez, la prohibición de repostular (lo que se ha desechado) o facilitar que se postule a otros puestos de representación popular, pudiendo los alcaldes permanecer en sus laborales durante este período crítico.
El primero de estos procedimientos elimina una daño, pero va contra una aceptación amplia de la medida por parte de los ciudadanos. Sonaba como un acomodo porque era un acomodo.
El segundo procedimiento es más limpio, no enmienda la plana de la legislación recién aprobada, pero tiene el inconveniente de que aumenta el número de competidores a los actuales parlamentarios que van a la reelección. Ese grado de altruismo sería de celebrar, pero no creo que sea una alternativa que goce de mucho apoyo entre los congresistas.
La opción que permite la continuidad por una vez más de los actuales ediles requería de la aplicación del veto presidencial, una decisión muy difícil de adoptar para un gobierno al que le cuesta mucho tomar decisiones.
No se puede decir que el gobierno esté actuando con parcialidad. El perjuicio provocado en todos los sectores políticos es bastante transversal. Aunque elimina de la competencia a nada menos que un tercio de los ediles de la UDI y RN, al mismo tiempo, impacta en la oposición y el partido más perjudicado es el PS. Es un estamento completo el que sufre las consecuencias de una decisión.
Una vez que se ha legislado y se ha asumido las consecuencias, la vuelta atrás no tiene viabilidad. Se podía contar con el compromiso del número suficiente de parlamentarios, pero esperar que eso se cumpliera era ilusorio. Dejar a un centenar de alcaldes fuera de la competencia se hizo con errores y con retrasos, pero se hizo y no tiene vuelta atrás.
