Proceso consensuado, con rumbo definido y tiempo acotado | Víctor Maldonado R. | Opinión

 

 Los partidos de centroizquierda (las dos coaliciones de gobierno más el PDC) han dado a conocer un documento con su propuesta para continuar el proceso constitucional. Este es un paso importante, tanto por lo que dice como por lo que se deja de decir. Se posibilita que las negociaciones adquieran velocidad.
 
El predominio unilateral de la derecha al inicio de las tratativas se había mantenido sobre la base de tres premisas que se habían dejado instalar: que se aceptara una negociación dispersa punto a punto, sin adoptar una estructura general de la negociación; que se permitiera que la oposición adoptara el cómodo doble papel de juez y parte; y que no se dejara en claro que negociación política primaba sobre el acompañamiento técnico.
 
Que estos elementos se pudieran instalar en los primeros días muestra a las claras el impacto apabullante que tuvo el resultado del Plebiscito entre quienes optaron por el Apruebo. Recomponerse no ha sido fácil.
 
Observando las demostraciones de desconcierto que siguieron luego del 4 de septiembre en el oficialismo, incluido el acontecido cambio de gabinete, se llegó al extremo que se diera pie para que las bancadas de Chile Vamos intentaran condicionar la negociación constitucional a su visado en materia programática.
 
Habiendo llegado las cosas a ese extremo, este documento marca el inicio de la recuperación de la compostura. Aún no se retoma la iniciativa política, pero se puede dar el paso a que ocurra.
 
La centroizquierda toma definiciones fundamentales: el órgano constitucional ha de ser cien por ciento electo; debe tener una composición paritaria y con participación de pueblos indígenas e independientes; se tiene el buen sentido de darle continuidad a nuestra tradición republicana; ha de ser un proceso participativo; requiere tener acompañamiento técnico no deliberativo y es un proceso que ha de concluir antes de fin del año 2023.
 
Lo que se deja de decir es igualmente importante. Se separa el proceso constitucional de cualquier condicionamiento que se quiera hacer a la gestión de gobierno o de las reformas que se proponen. El gobierno es colegislador, pero su función principal es la de gobernar, por lo que la negociación se hace en el Congreso, entre bancadas y con los partidos. La frontera no se cruza.
 
También se propone dar un tratamiento integral al proceso constituyente, por lo que hay que avanzar en todos los puntos de manera conjunta. De igual importancia es que se impulse la participación ciudadana, relevando el aporte que se está haciendo desde el municipalismo, garantía de implementación adecuada, pluralista y legitimada.
 
Salir de la trampa tecnocrática es también relevante. La participación de expertos(as) en este proceso debiera darse por descontado desde el principio. Cuando ha llegado el momento de redactar con rigor, es la hora de los técnicos, pero cuando hay que dirimir entre opciones es la hora de los políticos.
 
Lo que se propone es una hoja de ruta acordada en forma transversal para establecer un nuevo pacto social. Esta es la verdadera prueba: llegar a tiempo con los acuerdos básicos para tener a tiempo el proceso concluido.