Contraloría anula Convenio de Cooperación entre ACNUR y Gobierno Regional para recibir refugiados afganos en Magallanes
Según resolución del 14 de octubre pasado, la Contraloría General de la República declaró que el acuerdo de cooperación internacional suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y el alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, excede las atribuciones y facultades de los gobiernos regionales.
La decisión de la Contraloría obedece a una presentación realizada por el consejero Alejandro Riquelme, el diputado Christian Matheson y otras personas, denunciando que el Gobernador Regional Jorge Flies se habría excedido en sus atribuciones al suscribir dicho Convenio, el cual fue suscrito el 14 de febrero de 2022 y tenía por objeto incorporar a la región de Magallanes en el programa de ACNUR Ciudades Solidarias.
En aquella ocasión se dio comienzo a la iniciativa piloto denominada: «Magallanes Región Solidaria» orientada a fomentar el compromiso de los gobiernos locales con la integración social de las personas refugiadas y migrantes que se han visto forzadas a dejar su país de origen. “Firmamos un convenio único en Latinoamérica. Magallanes es la primera región en Chile en firmar este convenio para ser una región solidaria. De esta manera y de una forma planificada las personas refugiadas puedan llegar a un lugar donde serán recibidos con puntos de encuentro y un territorio con políticas para trabajar con ellos y recibirlos socialmente” comentó el Gobernador Flies en aquella oportunidad.
La resolución de la Contraloría señala que «es dable sostener que las entidades denunciadas no ajustaron su obrar a derecho al haberlos suscrito, pues la celebración de esos acuerdos excede las atribuciones que el ordenamiento les confiere a los gobiernos regionales y a las municipalidades y no se enmarca en los supuestos previstos en el artículo 36 de la citada ley N° 21.080».
El gobierno regional de Magallanes «debe arbitrar las providencias que según el ordenamiento correspondan a fin de corregir la irregularidad antes descrita» en un plazo de 60 días hábiles.
