Punta Arenas: un Plan para una ciudad más segura | Luz Bermúdez Sandoval, Delegada Presidencial Regional de Magallanes

Desde el pasado viernes, Punta Arenas –la ciudad capital de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena- forma parte de la lista de 46 comunas a lo largo del país que se integra al plan de seguridad “Calles sin violencia”, un programa anunciado a inicios de abril por el Presidente Gabriel Boric, y al que el Gobierno ha destinado 1.500 millones dólares.
Se trata de un plan integral, que aborda la prevención, persecución y acción de la justicia para los delitos más graves que afectan a las grandes comunas del país. El criterio de selección de estas comunas se basó en el tamaño de las ciudades, las estadísticas sobre crímenes graves –como los asesinatos- y consideró información aportada por las policías, la Fiscalía Nacional y los organismos del gobierno.
En concreto, el plan “Calles sin violencia” apunta a siete acciones principales:
1. Reforzamiento en el equipamiento y material más seguro, para una mejor protección de los efectivos policiales.
2. Focalización de la investigación y persecución de homicidios, especialmente donde se detecta la presencia de tráfico de armas.
3. Aumento de los patrullajes policiales.
4. Intensificación del control de armas.
5. Avanzar a una dotación adicional de Carabineros, liberando a los efectivos de tareas administrativas.
6. Aumentar la fiscalización del comercio regular e irregular.
7. Aumentar las inversiones en prevención del delito: cámaras de seguridad, luminarias en las calles, cámaras corporales para las policías, dotación de vehículos policiales, entre otras medidas.
El desarrollo del plan se inicia en 22 comunas prioritarias, varias de ellas en la Región Metropolitana; mientras las otras 24 se pondrán en marcha a partir de mayo. Punta Arenas fue incluida por su calidad de comuna capital de la región, aunque tiene muy bajos indicadores sobre asesinatos, por ejemplo. La medida, sin embargo, contribuye a hacer de la ciudad un lugar más seguro para sus habitantes y por tanto mejorar su calidad de vida, así como a fortalecer la industria del turismo, brindando más seguridad a sus visitantes.
En paralelo, y como parte de las articulaciones que ha realizado el Gobierno para mejorar la lucha contra los delitos y el crimen organizado, este viernes también se anunció el acuerdo entre el Ejecutivo y las dos cámaras del Congreso para agilizar el trámite legislativo de 31 proyectos prioritarios de ley.
El acuerdo supone un paquete de leyes en materia de seguridad que serán priorizados en el trabajo legislativo y despachados dentro de 75 días, 150 días o antes de fin de año, “considerando el estado de tramitación o complejidad de la materia tratada”, indicó la ministra del Interior; Carolina Tohá, al suscribir el acuerdo entre los poderes del Estado.

La ministra Tohá planteó además que las iniciativas están agrupadas en tres categorías: “Algunos están centrados en fortalecer las instituciones, esa es una parte muy importante porque necesitamos que el Estado esté mejor preparado con instituciones más modernas y más robustas para enfrentar el crimen violento. Otros proyectos están destinados en mejorar la eficacia de la persecución penal, encontrando a los responsables de los delitos, haciendo valer y cumplir las penas. Hay un tercer tipo de proyectos que está destinado a
fortalecer nuestras capacidades de prevenir los delitos, de generar condiciones para que ellos no sucedan”.

En la perspectiva indicada, el Gobierno y las Cámaras del Congreso acordaron trabajar en las urgencias a los proyectos de ley, así como en las sesiones extraordinarias que hagan falta para sancionar cuerpos legales que van desde la modificación de la ley del Tránsito para establecer que ningún vehículo particular puede transitar sin placa patente (lo que impone obligaciones a las empresas automotoras) o la ley contra el sicariato, a la tramitación de la ley de Inteligencia o la que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Con este plan el Gobierno está haciendo frente a un problema de arrastre, que se ha agudizado, y que supone medidas estructurales y de fondo para conseguir bajar los indicadores asociados a delitos. Estamos avanzando y este es un paso que nos llevará no solo reducir índices de criminalidad, sino que además nos permite recuperar espacios públicos, acortar brechas y lograr la calidad de vida que, como gobierno, queremos legar a la comunidad.

Luz Bermúdez Sandoval, Delegada Presidencial Regional de Magallanes.