¿Cuál es la Política Nacional contra el crimen organizado actualmente en Chile?
En los últimos años se ha hecho evidente la presencia de un nuevo tipo de criminalidad en Chile. A las formas comunes del delito – y para las cuales el Estado contaba desde hace tiempo con estrategias de control y persecución – se han sumado nuevas formas delictuales, que exigen respuestas más sofisticadas.
La expansión del crimen organizado es un desafío reciente para el Estado. Si bien sigue siendo acotada en Chile, los indicios de una mayor presencia de organizaciones criminales requiere un Estado proactivo y mejor preparado para su control.
Cuando hablamos de crimen organizado nos referimos al “conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar. Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales y se pueden entremezclar distintos niveles de organización”. No todo es crimen organizado, pero aquel que lo es, debe ser identificado como tal y abordado con herramientas apropiadas y enérgicas.
Bajo este espíritu se dio origen al trabajo que hoy nos permite contar con la Primera Política Nacional contra el Crimen Organizado: un esfuerzo coordinado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del subsecretario del Interior Manuel Monsalve; que reúne de manera proactiva a 17 instituciones públicas, las cuales cumplen un rol protagónico en el combate al crimen. Es imperioso aprovechar al máximo las capacidades alojadas en cada institución y asegurar una respuesta estatal coherente y consistente: en esta política podrán reconocer un Estado articulado bajo un objetivo claro.
De esta manera acortamos aquellos espacios de ineficacia que son los que aprovechan quienes quieren cometer delitos. La coordinación interinstitucional es un imperativo para agilizar la respuesta del Estado con el objetivo de proteger a las ciudadanas y ciudadanos.
El gobierno del presidente Gabriel Boric ha asumido la tarea de la seguridad con la convicción de que estamos frente a un desafío de Estado y, por ello, nuestra respuesta debe tener un horizonte mayor al tiempo que dure nuestra gestión. La existencia de esta política permite la definición de planes y programas acordes a contextos particulares, proveyendo un marco general de mediano y largo plazo que oriente la acción estatal en la materia. Por ello, se ha definido una estrategia más amplia y exigente, que incluye simultáneamente el perfeccionamiento de la legislación, el desarrollo de un método de trabajo, a través de los consejos contra el crimen organizado a nivel nacional y regional, y la elaboración de un presupuesto integrado para atacar este problema, que incluye recursos para las diversas agencias que participan en esa tarea.
https://www.subinterior.gob.cl/politica-nacional-contra-el-crimen-organizado/
Chile no vive las situaciones de insurgencias criminales existentes en países como México y Brasil, y mantiene tasas de criminalidad y homicidios menores a otros países de la región latinoamericana, existen señales que indican que un problema de importantes magnitudes se está incubando de forma desapercibida. Estas señales se pueden apreciar en los datos disponibles de manera pública si se les analiza de manera crítica y a través de marcos conceptuales que nos permitan comprender el escenario actual, a la vez que proyectar la evolución que el crimen organizado pueda tener.
CRIMEN ORGANIZADO COMO AREA DE PERSECUSIÓN DE LA FISCALIA.
La criminalidad organizada es una de las prioridades fijadas por el Fiscal Nacional, a efectos de desarticular las bandas de dedicadas a diversos planes criminales, teniendo como objetivo fundamental una eficiente persecución penal.
El Crimen organizado no es un delito en sí mismo, se trata de una denominación genérica que se les da a aquellos delitos en los que actúan grupos de personas en forma organizada. En nuestro país el delito que sanciona este tipo de conductas es la asociación ilícita, la que consiste en un grupo de sujetos (dos o más personas) que se ponen de acuerdo para llevar a cabo delitos que atenten contra el orden social, las buenas costumbres, la propiedad o las personas. Se exige que tengan cierta organización y permanencia en el tiempo.
A modo de ejemplo, si un grupo de sujetos se pone de acuerdo para robar camiones que transportan petróleo, y para ello estudian las rutas de los camiones, se dividen las funciones, uno entrega el dato de los camiones, otros intimidan a los choferes, otro traslada el petróleo y el último lo vende y reparte el dinero, esta conducta la mantienen en el tiempo ya que ha pasado a ser su “trabajo” diario, se trataría de una asociación ilícita para robar, conducta que se podría enmarcar dentro de la criminalidad organizada.
El delito de asociación ilícita tiene penas que van desde los 61 días a los 20 años. Además de las asociadas a los otros delitos que se hayan llevado a cabo dentro del plan criminal. En el ejemplo serían las penas de la asociación ilícita más las de los robos.
La Fiscalía para investigar este tipo de delitos, cuenta con 85 fiscales especializados y la Unidad Especializada de apoyo ULDDECO.
Para una mejor investigación de estos delitos, la Fiscalía se coordina con diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas los Ministerios Públicos extranjeros, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Bancos, entre otras.
ULDDECO
La Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) tiene como fin apoyar jurídicamente las investigaciones de su ámbito, particularmente las vinculadas a leyes especiales y otras áreas del derechos como el civil, comercial, tributario, entre otras.
Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, la comunicación entre las Fiscalías Locales y ULDDECO se produce en forma fluida a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas directas entre los fiscales que dirigen las investigaciones y los abogados y profesionales de la Unidad.
Asimismo, apoya jurídicamente la indagatorias complejas, con gran cantidad de imputados, en cuanto al orden, procesamiento y análisis de información y documentos.
En base a la experiencia exitosa de distintos fiscales, propone diligencias, oficios y tramitación con policías y peritos, profesionales a quienes puede además preparar para presentarse ante un juicio oral.
La ULDDECO lidera también capacitaciones a fiscales especializados, policías y diversas instituciones públicas que colaboran en la persecución de determinados delitos.
En el ámbito externo, la unidad es la encargada de afianzar la relación entre la institución y los organismos públicos y privados de control de la actividad ilícita, diseñando particularmente con las policías y demás organismos relevantes, procesos de trabajo relativos a la investigación.
La unidad forma parte de plataformas electrónicas compartidas con otros organismos aliados estratégicos, para la realización de consultas en línea vía web, que permiten a los usuarios obtener información del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Tesorería General de la República, Superintendencia de Quiebras y Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Finalmente, la ULDDECO cuenta con profesionales del área financiera, contable, jurídica y de comunicaciones, con la finalidad de brindar un apoyo integral a los fiscales del Ministerio Público.
