Carabineros no logró ubicar al alcalde de Porvenir para ejecutar orden de arresto por incumplimiento de fallo judicial
Por segundo día consecutivo se desconoce el paradero del jefe comunal José Gabriel Parada, luego de que personal de Carabineros concurriera hasta el municipio para cumplir una orden de arresto. Su defensa apunta a un eventual desacato de una resolución judicial que ordenó la reincorporación de una exfuncionaria municipal.
Una compleja situación judicial enfrenta el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, luego de que durante dos jornadas consecutivas efectivos de la Tercera Comisaría de Carabineros no lograran ubicarlo para dar cumplimiento a una orden de arresto emanada en su contra.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el abogado, el procedimiento policial se originó a raíz de una causa laboral, identificada como T-9-2024, en la que el tribunal ordenó la reincorporación de la exfuncionaria municipal Nataly Vivar, tras establecer una vulneración grave de derechos fundamentales en el contexto de su desvinculación.
Según los antecedentes del caso, el pasado 30 de octubre el juzgado otorgó un plazo de cinco días al jefe comunal para concretar el decreto de reincorporación, bajo apercibimiento de arresto. Sin embargo, al no materializarse la medida, se habría dispuesto la orden judicial que motivó las diligencias de Carabineros.
La situación se habría visto agravada por la ausencia del alcalde en la comuna. Según la publicación, tras las primeras diligencias, Parada habría tramitado un permiso administrativo para ausentarse de sus funciones hasta el martes 17.
Anuncian acciones legales contra el alcalde y asesor jurídico
El abogado de la demandante, Max Müller, confirmó que durante los próximos días presentará una querella criminal contra el alcalde y el asesor jurídico municipal, Carlos Contreras.
El profesional cuestionó un informe elaborado por Contreras en septiembre, en el que se habría recomendado modificar el presupuesto municipal para pagar una indemnización, planteando que no existía un cargo equivalente dentro de la planta municipal para concretar la reincorporación de la trabajadora, considerando los ascensos internos de Ricardo Rozas y Fabiola Mancilla.
Müller calificó como sospechoso que dicho informe no hiciera referencia al cumplimiento de la sentencia judicial y sostuvo que, si bien la responsabilidad principal recaería en el edil, la eventual participación del abogado municipal también debe ser investigada.
Cuestionamientos por falta de respuesta
El abogado señaló que durante aproximadamente un mes intentó resolver el conflicto por vías administrativas, realizando tres llamados al teléfono personal del alcalde, sin obtener respuesta.
Según sostuvo, la actitud de la autoridad comunal ha sido de silencio frente a los requerimientos para dar cumplimiento al fallo judicial.
Finalmente, Müller recordó que en Chile las autoridades están obligadas a respetar las resoluciones de los tribunales, enfatizando que estos organismos existen precisamente para controlar los errores de la administración pública.
En ese contexto, advirtió que el incumplimiento de una sentencia judicial por parte de una autoridad constituye una situación institucionalmente grave.
Fuente: Antecedentes publicados por diario El Pingüino. Las eventuales responsabilidades penales mencionadas deberán ser determinadas por los organismos competentes.
