EDITORIAL | Mega-fraude y mega-corrupción
Con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades políticas en torno al denominado mayor fraude tributario de Chile, se constituyó la comisión investigadora respectiva, que presidirá la diputada Camila Musante (IND).
Asimismo, se suma hacer propuestas y analizar la participación de los órganos del Estado en la operación que implicó una defraudación al fisco por más de 240 mil millones de pesos. En la petición para conformar la instancia, impulsada por la diputada Musante, se precisa que los ilícitos fueron cometidos a partir del año 2015 a la fecha; es decir, durante casi nueve años. Es preciso determinar responsabilidades políticas y por qué el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó acciones legales en su momento, cuando se conocieron los antecedentes.
Un fraude de las magnitudes señaladas deja en evidencia, a lo menos, algunas falencias de los Servicios Públicos involucrados al no impedir ni alertar a tiempo las señales y actos que llegaron a transformarse en el fraude tributario más grande de la historia de nuestro país.
Es más, como también es sabido, hace unas semanas atrás se hizo público el denominado “caso Hermosilla” o “caso Audios”, donde se descubrió que el afamado abogado de la plaza, el señor Luis Hermosilla, junto con otras personas se encuentran involucrados en un polémico caso de fraude al Fisco, corrupción y otros delitos. Caso Hermosilla que ya ha significado la renuncia del Director General de la PDI.
Dicha situación abrió un manto de dudas respecto del funcionamiento interno de dichas instituciones encargadas de velar por la aplicación y fiscalización de todos los Tributos en los cuales el Fisco tiene interés, así como también velar por el correcto funcionamiento del Mercado Financiero, respectivamente.
De manera preliminar se habla de más de 100 mil facturas ideológicamente falsas, que involucran a más de 300 contribuyentes y al menos a 7 clanes criminales y, su vez, se habrían creado más de 100 empresas “fantasmas” por parte de esta organización criminal, las cuales operaban en al menos 10 regiones del país involucrando más de 400 cuentas bancarias, un sinnúmero de inmuebles, centenares de vehículos, dinero en efectivo y otras divisas.
La corrupción está instalada en Chile.
