De la defensa pesquera al orden jurídico global: el aporte pionero de Chile en la creación de las 200 millas marítimas | Manuel Luis Rodríguez U. | Opinión

A lo largo de la historia del Derecho Internacional, pocas instituciones jurídicas han transformado de manera tan profunda la geografía política y económica del planeta como la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas. Aunque hoy constituye una norma universalmente aceptada, su origen no nació en las grandes potencias navales ni en los foros diplomáticos europeos, sino en una iniciativa visionaria surgida desde el extremo sur de América. Chile, impulsado por la necesidad de resguardar sus recursos marinos, actuó como el Estado pionero que desafió el antiguo paradigma de la libertad irrestricta de los mares, sentando las bases de lo que hoy rige en todo el mundo.

El punto de partida de esta revolución jurídica tuvo un fuerte componente técnico, científico y geopolítico. Hacia mediados del siglo XX, el derecho marítimo tradicional restringía la soberanía de los Estados costeros a una estrecha franja de mar territorial —generalmente de apenas tres millas náuticas—, dejando el resto de los océanos abiertos a la explotación de las flotas pesqueras y balleneras industriales de las grandes potencias. Frente a esta vulnerabilidad, la Liga Marítima de Chile promovió la idea de extender la jurisdicción nacional para proteger el patrimonio marino del país. Esta propuesta fue recogida con determinación por el presidente Gabriel González Videla, quien el 23 de junio de 1947 emitió una histórica Declaración Oficial proclamando unilateralmente la soberanía y jurisdicción de Chile sobre una zona marítima de 200 millas frente a sus costas continentales e insulares. Con este acto, Chile se convirtió en el primer país del mundo en establecer dicho límite.

Lejos de ser una cifra arbitraria, la delimitación de las 200 millas respondió a un riguroso criterio oceanográfico y económico. El fundamento central de la medida fue la extraordinaria riqueza biológica de la Corriente de Humboldt. Los estudios de la época demostraban que la franja de mayor productividad pesquera de este ecosistema se extendía aproximadamente hasta las 150 millas náuticas desde la costa chilena, presentando oscilaciones estacionales de hasta 50 millas adicionales. En consecuencia, fijar la frontera jurisdiccional en las 200 millas resultaba indispensable para abarcar la totalidad de este sistema ecológico, asegurando que los recursos vivos y no vivos del mar pudieran ser conservados y aprovechados en beneficio del desarrollo nacional frente a la depredación de embarcaciones extranjeras.

Sin embargo, el verdadero éxito de esta doctrina radicó en su capacidad para trascender la acción unilateral y proyectarse mediante la diplomacia regional. Comprendiendo que la defensa del Pacífico Suroriental requería un frente común, Chile invitó a Perú y Ecuador a adherir a esta nueva concepción del espacio marítimo. El resultado de esta convergencia fue la firma de la Declaración de Santiago el 18 de agosto de 1952, el primer instrumento jurídico multilateral en consagrar formalmente la zona marítima de 200 millas. Este pacto tripartito no solo consolidó una alianza estratégica en defensa de los recursos del Pacífico Sur, sino que dotó a la tesis chilena de un respaldo colectivo que resultaría decisivo en las negociaciones internacionales posteriores.

A pesar de la resistencia inicial de las potencias marítimas tradicionales, la solidez de los argumentos económicos, ecológicos y jurídicos impulsados desde Chile terminó por imponerse en el seno de las Naciones Unidas. Tras décadas de debates en las conferencias sobre el derecho del mar, la comunidad internacional acogió plenamente este principio e incorporó la figura de la Zona Económica Exclusiva de 200 millas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), adoptada en 1982.

En conclusión, la trayectoria de las 200 millas marítimas representa uno de los mayores triunfos de la diplomacia y el pensamiento jurídico chileno. Lo que comenzó en 1947 como una medida defensiva inspirada en las características de la Corriente de Humboldt y articulada regionalmente junto a Perú y Ecuador, evolucionó hasta convertirse en un pilar fundamental del derecho marítimo contemporáneo. Esta iniciativa demuestra cómo un país en desarrollo, mediante visión geopolítica y prospectiva para la cooperación internacional, puede redibujar las reglas globales para garantizar la soberanía y la sostenibilidad de los recursos naturales para toda la humanidad.