Funcionario de Carabineros quedó en prisión preventiva por presunto almacenamiento de pornografía infantil
El imputado fue detenido el miércoles y dado de baja de la institución el mismo día. La investigación se originó en una causa por eventual violación de secreto y permitió descubrir cerca de 70 archivos de contenido pornográfico infantil en una carpeta oculta de su teléfono celular.
Un funcionario de Carabineros quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado durante la jornada de este jueves 19 de noviembre por el presunto delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, en una audiencia que se desarrolló bajo reserva de identidad y fotografías del imputado.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el hallazgo se produjo en el contexto de una investigación inicial por una eventual violación de secreto, que involucraba a un funcionario vinculado a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).
Las diligencias estaban siendo desarrolladas por personal especializado de LABOCAR. Sin embargo, al momento de solicitar y revisar el teléfono celular del funcionario, los investigadores advirtieron la presencia de material de carácter pornográfico infantil, situación que fue inmediatamente informada al Ministerio Público.
A partir de este hallazgo, la Fiscalía dispuso nuevas diligencias investigativas y, mediante la utilización de herramientas y programas especializados de análisis digital, logró establecer la existencia de una carpeta oculta en el dispositivo, que contenía aproximadamente 70 archivos de material presuntamente ilícito.
El funcionario fue detenido durante la jornada del miércoles 18 de noviembre y, ese mismo día, Carabineros dispuso su baja de la institución, quedando posteriormente a disposición de la justicia.
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público presentó los antecedentes recopilados y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, petición que fue acogida por la magistrada Paula Stange, quien consideró los antecedentes expuestos para decretar su ingreso a un recinto penitenciario.
Asimismo, el tribunal estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.
Al término de la audiencia, la defensora del imputado, María Isabel Godoy, inicialmente manifestó su disposición a entregar declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, posteriormente desistió de realizar comentarios, argumentando que cualquier pronunciamiento público podría perjudicar aún más la situación judicial de su representado.

