Una sociedad que necesita matar para sentirse segura ha perdido el sentido de la humanidad. Matar en nombre de la seguridad se ha convertido en una práctica aceptada y hasta aplaudida. Israel justifica el genocidio en Gaza, con más de 74.000 palestinos muertos. Estados Unidos e Israel invocan su seguridad para bombardear Irán, donde han muerto más de 3.600 personas, incluidas niñas asesinadas en una escuela. La invasión rusa de Ucrania ha provocado la muerte de más de medio millón de soldados rusos y ucranianos, además de miles de civiles, mientras Europa se rearma en nombre de su seguridad.

No son cifras. Son personas. Son niños que nunca crecerán, madres que no volverán a abrazar a sus hijos, familias destruidas y sueños enterrados bajo los escombros. Cada muerte es una vida irrepetible que desaparece. Hemos dejado de sentir el dolor ajeno y comenzamos a aceptar y justificar la muerte de quienes consideramos enemigos.

Matar, matar y seguir matando. Todo en nombre de la seguridad. Esa misma lógica pretende extender Estados Unidos al sur del río Grande mediante el Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Cárteles, promoviendo la militarización de la lucha contra el crimen organizado.

Hemos construido una cultura que acepta la eliminación del adversario como una forma legítima de alcanzar una mal llamada seguridad.

Seguridad es asegurar la vida y garantizar que todas las personas puedan vivir sin miedo, con dignidad y esperanza. Los demás conceptos asociados a la seguridad responden muchas veces a intereses de poder que terminan imponiéndose sobre la vida humana.

La inseguridad también nace de las profundas desigualdades que hemos construido y tolerado. Un sistema económico que concentra riquezas extraordinarias en unos pocos mientras millones carecen de lo indispensable para vivir dignamente es también una fábrica de inseguridad.

El Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026 revela que el 10% más rico posee tres cuartas partes de la riqueza mundial, mientras la mitad más pobre apenas tiene el 2%. En Chile, el 1% más rico concentra casi el 40% del patrimonio. Es una profunda fractura moral y social.

El papa León XIV nos recordó recientemente un principio fundamental: la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Hemos invertido ese principio y convertido la acumulación de riqueza y poder en objetivos superiores al bienestar humano.

Las desigualdades alimentan frustraciones, resentimientos y desconfianza. El miedo se transforma en una herramienta política y la promesa de seguridad termina justificando la violencia y la eliminación del adversario.

Las democracias deben romper este círculo vicioso. Necesitamos formar ciudadanos capaces de convivir con quienes piensan diferente, resolver conflictos y reconocer la humanidad de sus adversarios. Debemos invertir en educación, justicia social, diplomacia y cooperación con mayor determinación que aquella con que hoy invertimos en armamentos y tecnologías para matar.

La paz se construye enfrentando las desigualdades, fortaleciendo los vínculos humanos y creando instituciones capaces de resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Esto no es ingenuidad. También exige poner límites efectivos a quienes desprecian la vida humana y utilizan el poder para destruirla.

El desafío de las democracias es mantenerse fieles al principio de humanidad que da sentido a la seguridad: asegurar la vida de todas las personas, incluso de aquellas que consideramos adversarias. Cuando la seguridad se utiliza para justificar la muerte, deja de proteger a la humanidad y se convierte en un instrumento de poder.