“Educación pública, crónica de una adopción indeseada”, Por Ramón Arriagada Empresario
Las dos Corporaciones de Educación Municipal que existen en la Región son fuentes de noticias permanentes. Para el ciudadano común aparecen más como generadoras de conflictos, no de resultados destacables en materia de su función educativa. Los resultados de sus ejercicios anuales arrojan saldos desfavorables en lo económico; a través de los denominados Padem, ambas corporaciones, tanto la de Punta Arenas como la de Puerto Natales, enfatizan arrastrar fuertes déficits. La de capital regional reconoce una deuda de 1.800 millones, en tanto, la natalina revela un desajuste económico de $ 1.673 millones. Antecedente no menor, al anunciarse el inicio de la desmunicipalización en Magallanes, como Región piloto.
El lunes de esta semana se informaba que los profesores puntarenense están muy preocupados y alertas, pues el arrastre de deudas de la Cormupa, impediría incluso pagar los sueldos de los docentes. La corporación atiende a 13. 758 estudiantes – por los informes a nivel nacional – felizmente es una de las pocas instituciones de este tipo, que no presenta atrasos en los pagos previsionales. Una rápida operación financiera nos lleva a concluir que si cada alumno tuviera que cancelar la deuda de la Corporación, tendría que ponerse con $130.832.
Respecto a la Corporación de Puerto Natales, el alcalde informó que, “se hizo una auditoría y se determinó que está Corporación tiene un déficit estructural. El Ministerio se hará cargo de la deuda existente”; sólo queda pensar que el exabrupto alcaldicio fue consecuencia de una frase sacada de contexto. La revisión de la Auditoría dice que la deuda al 31 de diciembre del 2014 fue de 1.673 millones de pesos. Entonces, si cada alumno natalino (total 2099), tuviera que cancelar la deuda de la Corporación, tendría que desembolsar $797.264. A diferencia de la Corporación puntarenense, la auditoría a la cual se hace mención, señala que la de Puerto Natales, al no pagar en la fecha las imposiciones, no recibía la bonificación o subsidio de la Ley 889.
Si agregamos a los problemas de manejo administrativo de las Corporaciones Municipales, las diferencias implacables en cuanto a resultados en las mediciones como el Simce y la PSU con respecto a las otras modalidades de enseñanza, se hace urgente y necesario regresar la Educación a un organismo cuya única función sea educar. De paso, hay suficientes razones para pensar que los municipios, como lo estableciera la Comisión Engel y el Observatorio Anticorrupción, deben ser motivo de una urgente modernización.
La propuesta es terminar con la debilidad institucional de los municipios, en cuanto a los profesionales que tienen. Estos, manejan mucha plata con mayor discrecionalidad de la que uno quisiera. Los cargos importantes de los municipios debieran asignarse por la Alta Dirección Pública. Claro, el modernizar es como lo declara Eduardo Engel, “ un tema políticamente complejo, porque hay alcaldes de todos los partidos y existe una tendencia natural a querer seguir con la situación”.
La desmunicipalización de la educación se está configurando en un trámite de adopción ingrato. El problema está que la Educación se ha transformado en un “hijo indeseado”. Tanto para quien pretende enajenarla pronto, como para el Estado, que ya ha dicho no tener plata, menos al conocer que la pretensión de dignificarla es difícil de financiar.
