Cámara de Diputados estudia restricción retroactiva de beneficios penales por delitos sexuales.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados continuó el estudio de la reforma constitucional (boletín 18788) que busca restringir la aplicación retroactiva de beneficios penales en delitos sexuales.
La iniciativa se inició en una moción de la diputada Ximena Ossandón. También la firman compañeros de su bancada Claudia Mora, Francisco Orrego, Jorge Guzmán, Juan Carlos Beltrán, Diego Schalper, Mauro González, Eduardo Durán, Carlos Chandía y Daniel Valenzuela.
El proyecto establece que el acceso a rebajas de condena o beneficios penales se determine conforme a la legislación vigente al momento de resolver la solicitud, independientemente de cuándo se cometió el delito.
Además, introduce una disposición transitoria que detalla que la regla recién mencionada será aplicable a las solicitudes y procedimientos sobre beneficios de reducción de condena o mecanismos de egreso anticipado que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de publicación de esta reforma, cualquiera sea la fecha de perpetración del delito.
Así, los beneficios que hubieren sido concedidos por resolución administrativa a condenados por delitos sexuales dentro de los seis meses anteriores a la publicación de esta reforma, quedarán sin efecto de pleno derecho.
Defensoría de la Niñez

Para el análisis de la iniciativa, se contó con la exposición del Defensor de la Niñez, Anuar Quesille. El profesional enfatizó la necesidad de fortalecer el derecho de las víctimas a recibir información y solicitar medidas de protección, tanto en los procedimientos de reducción de condena como respecto de beneficios previamente otorgados.
Para niños, niñas y adolescentes, recomendó contemplar comunicaciones voluntarias, mecanismos seguros de notificación y resguardos acordes con la Ley 21.057.
Asimismo, propuso garantizar defensa especializada durante el cumplimiento de la condena, antes de conceder cualquier beneficio, y establecer un rol expreso para el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas en esta etapa.
Finalmente, sugirió incorporar estándares comparados que permitan considerar la opinión de las víctimas, impugnar las decisiones y contar con un representante especial.
Debate

La instancia esperaba contar en esta sesión con la presencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien no asistió a la sesión. Sin embargo, durante la jornada se informó el retiro de la suma urgencia de la iniciativa pedida por el Gobierno.
El presidente de la comisión, diputado Jaime Mulet, explicó que el secretario de Estado le comunicó telefónicamente que no asistiría y que el Gobierno estaba privilegiando la tramitación de un proyecto relacionado con esta materia en el Senado.
Según precisó el diputado, ambas propuestas tienen alcances distintos: mientras la iniciativa del Senado apunta a eliminar la posibilidad de acceder a determinadas rebajas de pena, la reforma que analiza la Comisión de Constitución, busca precisar las reglas aplicables a su otorgamiento.
Pese a la ausencia del ministro, el parlamentario valoró la discusión con el defensor de la Niñez y sus aportes sobre la protección de niños, niñas y adolescentes frente a las rebajas de condena a agresores sexuales.
También destacó la importancia de fortalecer las instituciones dedicadas a resguardar los derechos de la niñez, para que cuenten con las herramientas necesarias para cumplir su función.
Por su parte, el diputado Jorge Guzmán consideró que el retiro de la urgencia es una señal de que el Ejecutivo, efectivamente, busca priorizar la iniciativa del Senado. Empero, cuestionó que esa decisión y sus fundamentos no se comunicaran formalmente a la comisión.
El legislador recalcó que lo que se necesita es que nunca más un violador o abusador sexual de menores acceda a una rebaja de condena. Agregó que está abierto a que la solución avance mediante el proyecto del Senado, pero pidió una comunicación más fluida con el Gobierno.
Durante el debate también surgieron consultas sobre las atribuciones, los recursos y la presencia territorial de la Defensoría de la Niñez. Al respecto, Quesille explicó las limitaciones que enfrenta la institución y recalcó su autonomía respecto del gobierno de turno.
El diputado Guzmán cuestionó la actuación del organismo frente a las rebajas de condena. Planteó que el problema no se limita a los casos conocidos recientemente, sino que comprendería aquellos registrados durante los últimos cinco años.
El diputado sostuvo que la ley que crea la Defensoría le permite requerir información a los servicios públicos y fijar plazos para responder. Por ello, consideró insuficiente los argumentos. A su juicio, hubo una omisión de la Defensoría, de los parlamentarios y del Estado al no advertir y resolver oportunamente esta situación.

