Chile y Argentina buscan contener tensión diplomática ante inminente zarpe del buque Danstar hacia las Islas Falklands.
PUNTA ARENAS, 19 de noviembre de 2026. — Las cancillerías de Chile y Argentina se encuentran desplegando gestiones para contener y desescalar la controversia diplomática surgida por la reapertura de la ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas/Falkland. Mientras el carguero chileno Danstar —operado por la naviera Easter Island Logistics— realiza su alistamiento técnico en ASMAR Magallanes de cara a su zarpe programado para el 17 de diciembre, los gobiernos de José Antonio Kast y Javier Milei buscan evitar un choque bilateral que afecte su actual sintonía política. El escenario diplomático y comercial se desarrolla actualmente en tres frentes principales:
La postura de Buenos Aires y el factor petrolero.
Desde Argentina, el canciller Pablo Quirno sostuvo que la embarcación debe solicitar autorización previa a las autoridades navales de su país al salir del Estrecho de Magallanes e ingresar a aguas jurisdiccionales argentinas, amparándose en el Decreto 256/2010 que exige permisos a buques con destino al archipiélago.
El debate interno en el país vecino estuvo marcado por el temor de sectores políticos —donde incluso surgieron propuestas legislativas para interceptar la nave— de que el Danstar sirva de apoyo logístico indirecto al proyecto petrolero británico Sea Lion, en la cuenca norte de las islas. Este punto cobra especial relevancia ante el fallo que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitirá el próximo 28 de noviembre sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina contra dicha explotación. No obstante, en las últimas horas la Casa Rosada y el Palacio San Martín bajaron el tono, llamando a «no generar una controversia donde no existe» tras recibir garantías de que la carga (alimentos, vinos, gas licuado y materiales de construcción) tiene fines exclusivamente civiles.
Fórmula de La Moneda y debate interno en Chile.
En Chile, tras declaraciones previas del canciller Francisco Pérez Mackenna invocando el «derecho de paso inocente» y afirmando que «los países no piden permiso», el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, planteó una salida intermedia: «El Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque», en su calidad de operador privado.
La declaración generó fuertes críticas en el ámbito político y naval chileno. El exministro de Defensa Jaime Ravinet calificó los dichos como «bien equivocados», mientras que siete excomandantes en jefe de la Armada advirtieron mediante una carta pública que aceptar la exigencia argentina sentaría un grave precedente sobre la libre navegación garantizada por los tratados bilaterales de 1881 y 1984.
A nivel local en Magallanes, autoridades como el gobernador Jorge Flies y parlamentarios de la zona han expresado inquietud ante el riesgo de un «evento crítico» o una eventual fiscalización en altamar. En paralelo, el gremio empresarial regional respalda la iniciativa, que reactiva un intercambio comercial interrumpido desde 2011 y estimado en US$ 20 millones anuales.
Silencio de la naviera.
Por su parte, la empresa chilena Easter Island Logistics mantiene reserva sobre los pasos administrativos a seguir. Aunque inicialmente su gerente comercial había señalado que navegarían bajo paso inocente sin coordinar con Argentina, tras el escalamiento del debate la compañía ha declinado confirmar si finalmente tramitará o no la autorización exigida por Buenos Aires antes del zarpe en diciembre.

