Dos años, dos querellas y pocas respuestas: ¿qué falla en la investigación de la muerte de ballenas en Chile?.
A dos años de las querellas de Greenpeace por dos ballenas jorobadas muertas en áreas protegidas de la Patagonia, las investigaciones siguen sin establecer responsabilidades. La falta de protocolos, las demoras y las dificultades para obtener pruebas exponen desafíos para perseguir delitos ambientales.
09 de noviembre, 2026. En octubre de 2024, dos ballenas jorobadas fueron encontradas muertas en zonas vinculadas a operaciones salmoneras. Una apareció dentro del centro Muñoz Gamero 1, de Australis Mar, en la Reserva Nacional Kawésqar, mientras la otra fue hallada cerca del centro Huillines 3, de Cooke Aquaculture, en el Parque Nacional Laguna San Rafael. El 11 de noviembre de ese año, Greenpeace presentó querellas criminales, una de ellas junto a la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. Su admisibilidad marcó un precedente al reconocer como víctimas de estos hechos a una comunidad indígena y a una organización ambiental.
Sin embargo, dos años después, los procesos siguen abiertos y sin responsables determinados. Para Roxana Núñez, abogada de Greenpeace, estos casos muestran que contar con nuevos delitos en la legislación es solo el primer paso. “Si las instituciones no tienen herramientas, recursos y procedimientos claros para investigar, existe el riesgo de que hechos gravísimos queden sin esclarecer”, sostiene.
En Laguna San Rafael, el informe final de necropsia identificó como causa más probable de muerte un enmalle con redes, líneas de fondeo o cuerdas vinculadas a actividades humanas. Greenpeace solicitó declaraciones a especialistas y testigos, además de registros audiovisuales del centro cercano, pero a la fecha aún no se obtienen esas imágenes y algunas diligencias siguen incompletas.
En la Reserva Nacional Kawésqar, en tanto, el cetáceo fue encontrado enmallado dentro de instalaciones salmoneras. Los preinformes de necropsia plantean una posible colisión con una embarcación, hipótesis que Greenpeace considera insuficientemente acreditada. Un análisis técnico encargado a un especialista identificó inconsistencias y vacíos que impiden descartar la interacción con las estructuras del centro. A ello se suman registros de cámaras incompletos, dificultades para acceder a toda la carpeta y la ausencia de un informe final de necropsia con los análisis pendientes. En octubre de 2026, Greenpeace volvió a solicitar que se requiriera a la PDI un informe de diligencias que se había comprometido en junio y que aún no ha sido entregado.
“La evidencia ambiental es especialmente frágil: se deteriora, desaparece o pierde valor si no se recoge oportunamente. No podemos depender de que pasen semanas para que se realicen las primeras gestiones, como toma de muestras, o meses para completar peritajes, obtener videos o escuchar a testigos esenciales. Investigar bien desde el primer día es determinante para conocer la verdad y buscar responsables”, señala Núñez.
La abogada cuestiona además que, en estos procedimientos, empresas potencialmente vinculadas a los hechos hayan contratado a profesionales para examinar los cuerpos, con conocimiento de la autoridad sectorial. Sin prejuzgar responsabilidades, Greenpeace considera indispensable asegurar peritajes independientes, resguardar la cadena de custodia y coordinar tempranamente la intervención del Ministerio Público, Sernapesca y las policías especializadas.
La organización pide protocolos para muertes de fauna marina protegida, equipos forenses independientes y financiados, diligencias oportunas, acceso íntegro a antecedentes y coordinación institucional. También pide reforzar la capacidad de las fiscalías para evaluar hipótesis alternativas y evitar cierres prematuros cuando subsisten pericias relevantes.
El debate coincide con un avance inédito en esta materia: recientemente, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia condenó a un empresario por contaminación ambiental con resultado grave tras la destrucción de un humedal en Mariquina, en la Región de Los Ríos. Se trata de la primera condena obtenida mediante juicio oral por ese delito bajo el nuevo marco legal, con penas de presidio sustituidas por libertad vigilada intensiva y una multa de 30.000 UTM. Este fallo demuestra que la persecución penal ambiental puede alcanzar resultados concretos cuando se logra reunir y presentar evidencia suficiente.
«La condena de Mariquina es una señal relevante, pero la justicia penal ambiental debe llegar a todos los rincones del país. La distancia geográfica o las dificultades de acceso no pueden determinar el resultado de una investigación penal ni justificar estándares distintos para obtener y resguardar las pruebas. Lo ocurrido con estas ballenas, donde empresas potencialmente involucradas tuvieron acceso y dispusieron de evidencia fundamental para esclarecer sus muertes, demuestra la urgencia de contar con protocolos claros que garanticen investigaciones independientes y rigurosas. Dos años después, seguimos sin respuestas, aún cuando el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que la justicia llegue también a los territorios más aislados», concluye Núñez.

